La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que con la detención de 11 agentes de la Policía Nacional, implicados en la presunta red criminal desmantelada mediante la Operación Pandora, se ha roto un sistema de impunidad que ha causado una justificada indignación colectiva.
«Cualquier persona que intente manchar la transparencia que impulsamos desde la reforma policial será definitivamente procesada con todo el peso de la ley. Ya el Ministerio Público tomó su tiempo, identificando a las personas en esta etapa y tiene las pruebas suficientes para someter a la justicia», advirtió.
La funcionaria destacó que esta investigación del Ministerio Público inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director de la uniformada, mayor general Ramón Guzmán Peralta.
Raful ofreció estas declaraciones durante la acostumbrada rueda de prensa a los medios de comunicación al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, que estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Operación Pandora
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora contra una supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución.
El órgano persecutor atribuye a la red la sustracción de más de 900,000 proyectiles.
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto, a la espera de medidas de coerción, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo Juan Luis Díaz Medina; los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez; así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
