La Fiscalía de Venezuela informó que ha solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitir una «alerta roja» contra el presidente de Argentina, Javier Milei, para quien el Tribunal Supremo ya solicitó una orden de arresto por el «robo» de un avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires en 2022.
«Hemos solicitado la inclusión con ‘alerta roja’ en Interpol contra estos sujetos (…) La solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol», anunció el fiscal venezolano, Tarek William Saab.
El fiscal venezolano señaló en una conferencia de prensa que la solicitud a la Interpol se justifica en base a un delito de delincuencia organizada por haber «robado un avión, desmantelado un avión y haberle causado daño al patrimonio nacional», de acuerdo con reportes de medios venezolanos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió oficialmente el lunes la detención del presidente de Argentina, acusado de «robo» en relación al caso del avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires en 2022 y enviado a Estados Unidos este año.
El fiscal Saab comunicó la semana pasada el comienzo de los procedimientos legales en contra de Milei, así como de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Sala de Casación Penal del TSJ los relaciona con una serie de delitos que abarcan «robo agravado», «privación ilegítima de libertad» e «interferencia ilícita en la seguridad operativa de la aviación civil», entre otros.
El avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo fue retenido en Argentina en junio de 2022, con 19 tripulantes de nacionalidades venezolana e iraní a bordo, quienes fueron arrestados inicialmente por presuntos lazos con el terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la aeronave debido a sospechas de que se utilizaba para operaciones encubiertas en la zona.
El gobierno argentino expresó su rechazo a las acciones de la Fiscalía venezolana y se distanció del conflicto relacionado con el avión de Emtrasur, afirmando que fue decidido por un poder judicial «independiente» del Estado.
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