El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios por no haber evitado las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que devastaron el país en julio.
Según reportes de medios surcoreanos, los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
«Se ha determinado que entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado», dijo un oficial del gobierno a la cadena surcoreana TV Chosun.
Las inundaciones afectaron principalmente a la provincia de Chagang, donde se registró la muerte y el desplazamiento de más de 5,000 personas, además de inundar más de 4,000 edificios y cubrir 3,000 hectáreas de tierras agrícolas en las ciudades de Sinuiju y Uiju.
Después del desastre, Kim Jong-un convocó una reunión de emergencia con Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang desde 2019, y con el Ministro de Seguridad Pública, para destituirlos de sus cargos.
Además, Kim rechazó la asistencia internacional y ordenó que unas 15,000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital para su recuperación, al tiempo que estimaba que la reconstrucción de las áreas afectadas tomaría de dos a tres meses.
Las ejecuciones públicas son comunes en Corea del Norte. Antes de la pandemia de Covid-19, el país solía llevar a cabo alrededor de 10 ejecuciones públicas al año, pero según Korea Times, este número ha aumentado de manera significativa en los últimos años, alcanzando cerca de 100 ejecuciones anuales.
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