El presidente Luis Abinader presentó el contenido de su propuesta de reforma constitucional, expresando que con esta se pretende que sea la última en materia de reelección presidencial, para poner fin «al caudillismo y el personalismo continuista».
Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader explicó que la propuesta de reforma constitucional tiene como objetivo consolidar la independencia del Ministerio Público; garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial y reducir la cantidad de diputados, así como unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales.
«Esta es una reforma pensada para el beneficio de la colectividad y para la consolidación de los principios de democracia, transparencia e institucionalidad que siempre hemos defendido», expresó el mandatario.
Agregó además que, «con tal propósito, la propuesta que a continuación se les presentará es el resultado de rondas continuas y sucesivas de trabajo y diálogo. En ella se rescatan cuatro intenciones fundamentales que desde un principio hemos sostenido: en primer lugar, garantizar la estabilidad de las reglas constitucionales relativas a la elección presidencial; en segundo lugar, consolidar la independencia del Ministerio Público; en tercer lugar, unificar las elecciones, y, por último, reducir la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados».
El mandatario precisó que, en la historia de la República Dominicana, la idea del «hombre imprescindible» ha sido una constante en el ejercicio del poder, contribuyendo, en más de una ocasión, “al surgimiento de dictaduras y gobiernos autoritarios”. La mayoría de las 39 reformas constitucionales promovidas desde la fundación de la República, incluyeron la reelección presidencial.
Para fortalecer la autonomía funcional del Ministerio Público, el proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo plantea que, en lo adelante, el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República.
Además, se plantea que el procurador general de la República sea inamovible durante cada período presidencial y que solo pueda ser destituido por juicio político, en caso de cometer faltas graves.
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