El Ministerio Público trasladó hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, ubicado en Ciudad Nueva, a Scarlet Valentina Mojica Zapata, la joven venezolana acusada de atropellar y causar la muerte a Julio César de la Rosa Peralta.
El traslado ocurrió luego de que la defensa de la imputada recusara a la jueza Emely Bruno del Sexto Juzgado de Paz del Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional.
La fiscal a cargo de la investigación, Minerva Batista, dispuso que la imputada permanezca en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para garantizar su seguridad hasta que sea nuevamente requerida por el tribunal para conocer la solicitud de medida de coerción, que consiste en prisión preventiva y ha sido realizada por el Ministerio Público.
De acuerdo con la instancia presentada por la Fiscalía de la Casa del Conductor, Zapata es acusada de muerte involuntaria, durante conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de licencia de conducir extranjera.
Dichos delitos son tipificados y sancionados en los artículos 303 numeral 5, 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Los hechos
Según al Ministerio Público, el hecho se registró el pasado sábado 15 de junio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando la imputada transitaba «a alta velocidad» por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaportes del Distrito Nacional, zona en la que embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente.
El documento establece que, tras el atropello, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.
Dentro de las pruebas, que sustentan dicha solicitud, está el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales.
La medida de coerción solicitada se basa en que la imputada no tiene arraigo en el territorio nacional que garantice su presentación en el proceso judicial, así como en el riesgo de fuga existente, dado que es de nacionalidad venezolana y se encuentra de manera irregular en el país, pues su pasaporte venció en agosto de 2022.
