Santo Domingo.- La secretaria Nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez, depositó una solicitud de amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en reclamo de la reposición en sus funciones, despojada por Miguel Vargas Maldonado.
Atribuye los conflictos judiciales a diferencias con este, debido a su metodología de dirección política.
Al acusar a Vargas Maldonado de tener secuestrado a ese partido, al punto que quita o sustituye a dirigentes de sus cargos y pone a quienes pueda manejar a su antojo, Tavárez dijo que esa a actitud del presidente del PRD se ha producido luego que se opusiera a la entrega de una carta denuncia ante la Junta Central Electoral (JCE).
L denuncia fue por supuesta compra por el Gobierno de dirigentes y alcaldes perredeístas renunciantes del partido.
Afirma que a partir de su renuencia y actitud firme ante la denuncia, Vargas Maldonado le ha impedido participar en las reuniones que realiza en su residencia de la capital, ha conformado comisiones de trabajo para que la sustituyan en sus labores partidarias y ha designado personas ajenas al partido que la suplanten en su trabajo político, al punto de impedirle entrar al local y despojarla del vehículo asignado para los trabajos del Partido.
Recordó que mediante el Acto de Alguacil número 175-2022, del 22 de marzo del presente año, formalizó el reclamo a Vargas Maldonado para que respetara los estatutos y le repusiera sus funciones, pero éste ha hecho caso omiso al emplazamiento y desatado una persecuciòn en su contra.
Al mismo tiempo, la dirigtente perredeísta solicita al Tribunal que declare la inconstitucionalidad por la vía difusa de varios o la totalidad de artículos de los estatutos perredeístas, por considerar que son contradictorios con la Constitución de la República y la Ley General de Partidos, Organizaciones y Agrupaciones Políticas (33-18).
Recuerda a los magistrados del Tribunal Superior Electoral que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias facultando a esa instancia para que se pronuncie hasta de oficio en casos de inconstitucionalidad.
