La Junta Central Electoral (JCE) ordenó al Gobierno detener la implementación de proyectos de ayuda social o comunitaria extraordinarios llevados a cabo por las entidades de la administración pública central, así como por entidades públicas autónomas y descentralizadas.
La JCE publicó un comunicado en sus redes sociales, donde señaló que según lo estipulado en la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, está prohibido que estas instituciones otorguen bonos económicos hasta que finalicen las elecciones del 19 de mayo.
Además, la entidad prohíbe la distribución de tarjetas y ventajas particulares a favor de individuos en cualquier situación, así como la concesión de pensiones por parte de dichas instituciones.
Entre las restricciones adicionales se encuentra la prohibición de aumentar la plantilla laboral en el Gobierno central y en las entidades públicas autónomas y descentralizadas.
También se prohíbe la difusión de publicidad por parte de las instituciones de la administración pública central, las entidades públicas autónomas, descentralizadas y las alcaldías, que contenga elementos que promocionen directa o indirectamente a candidatos que compiten en los niveles de elección que se celebrarán en los comicios.
La JCE reiteró que también está prohibida cualquier forma de propaganda política colocada en edificios de instituciones públicas.
«Las presentes medidas tienen como propósito, garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos puedan contar con iguales condiciones de competición», finalizó el comunicado de la JCE.
