El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este lunes que el Consejo de Ministros analizará mañana la posibilidad de reformar la ley, promulgada por el Partido Popular (conservadores) en 2013, que facilita la obtención de un visado de residencia mediante la inversión en propiedades inmobiliarias valoradas en más de quinientos mil euros en España.
Esta es la denominada «Golden visa», la cual posibilita la obtención de la residencia al invertir al menos esa cantidad en propiedades inmobiliarias.
Sánchez expresó que su administración tomará las acciones requeridas para asegurar que la vivienda sea reconocida como un derecho fundamental y no solo como una actividad especulativa de negocios.
También hizo hincapié en que en la actualidad, el 94 de cada 100 visados de este tipo están relacionados con inversiones en bienes raíces y se centran principalmente en la capital y las ciudades costeras del Mediterráneo, así como en las Islas Baleares.
«Es decir, precisamente los territorios y las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día», resaltó el presidente del Gobierno.
Indicó que esta acción representa un avance adicional dentro del esfuerzo sin precedentes del Gobierno en materia de inversión para facilitar el acceso a la vivienda, que comenzó con una asignación presupuestaria «histórica» para la vivienda en los presupuestos del Estado, que, según afirmó, aumenta siete veces la cantidad encontrada por su gobierno al asumir el poder en 2018.
Para obtener la «Golden visa» o una autorización de residencia para extranjeros no pertenecientes a la UE, se necesita realizar una inversión considerable en capital, ya sea mediante la compra de propiedades en España por un valor que supere los quinientos mil euros, en activos financieros o en un emprendimiento empresarial.
También tienen la opción de solicitar un visado o permiso de residencia al invertir en activos financieros, con una inversión inicial de al menos dos millones de euros en bonos de deuda pública española, o un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas que operen con actividad empresarial real.
