China celebra este jueves el Día de Barrer las Tumbas, una ocasión en la que los ciudadanos chinos rinden homenaje en los cementerios a sus seres queridos fallecidos.
En este día, se observan nuevas formas de rituales más respetuosos con el medio ambiente y, en algunos casos, en contra de las regulaciones locales que prohíben las «supersticiones feudales».
En la festividad conocida como «qingming» en mandarín, los cementerios chinos son visitados por un gran número de personas, quienes se encargan de limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos fallecidos, así como de realizar ofrendas de alimentos y bebidas.
Durante este período, es habitual observar en las calles de China a personas quemando billetes simbólicos en las aceras, con la creencia de que estas cantidades llegarán a sus antepasados en el más allá.
En los últimos años, especialmente con los esfuerzos para abordar los graves problemas de contaminación en algunas ciudades de China, han surgido nuevas formas de rendir homenaje a los difuntos que son más respetuosas con el medio ambiente y que no involucran la quema de objetos.
En 2016, el Ministerio de Asuntos Civiles de China emitió una directriz para fomentar prácticas funerarias más ecológicas, promoviendo la sepultura de cenizas o cuerpos mediante métodos como el entierro en árboles o en el mar.
Mientras que otras ciudades han ido más allá de una preocupación medioambiental, como es el caso de Nantong, ubicada en el este de China, la cual recientemente ha prohibido la producción y venta de artículos funerarios considerados como «feudales y supersticiosos».
La medida, que ha generado opiniones diversas en las plataformas de redes sociales chinas, tiene como objetivo actualizar las prácticas funerarias y adecuarlas a las exigencias contemporáneas.
La regulación prohíbe la producción y venta de objetos como el «dinero fantasma», utilizado en rituales para enviar dinero al más allá, y las representaciones en papel, que son elementos habituales en ceremonias religiosas.
Quienes violen la prohibición corren el riesgo de que sus productos sean confiscados y podrían enfrentar multas que alcanzan hasta tres veces el valor de la producción o venta.
