Por Gabriela Osorio.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Vega, llevó a cabo una operación el día de ayer que culminó con varias confiscaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas con la red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López.
Según la investigación financiera, Manuel Antonio Inoa y María Cepeda actuaron como testaferros al pretender ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, otorgando todo el poder a Miguel Arturo López Florencio (alias Miky López) para realizar transferencias, compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
Además, la investigación reveló que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa.
Tres equipos de fiscales, en compañía de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), llevaron a cabo la orden de incautación emitida por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega.
En junio de 2021, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron una acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.
Esta acusación también incluyó a los hijos de López, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, así como a Ada María Pilarte y José Antonio Román, junto con varias empresas supuestamente utilizadas como fachada para lavar dinero.
En diciembre del año pasado, el Segundo Juzgado de la Instrucción aprobó la solicitud del Ministerio Público y ordenó la apertura de juicio contra Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López, y otros miembros de la red que dirigía.
El tribunal también aceptó la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público, que establece que las acciones de los miembros de esta red constituyen una violación a varios artículos de la ley.
La acusación presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la fiscal Aura Luz García de la Fiscalía de La Vega, detalla que esta red criminal se dedicaba al tráfico de sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
