El Gobierno dominicano rechazó las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referentes a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, que según el organismo internacional, «resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado».
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Gobierno dominicano toma nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH, y reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
«Sin embargo, el Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos», precisó.
Asimismo, aseguró que han realizado «importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana. La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13, y se ordenó expedirle sus documentos como dominicano. De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento».
En el comunicado, la cancillería dominicana resalta que el Gobierno está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad, y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
«El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo, que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares», indicó.
Mediante el comunicado, las autoridades reiteraron su compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH, para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana.
