Por: Leanlly Pérez- En un caso que ha causado profunda indignación y conmoción en la sociedad dominicana, el Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia sentenció a 30 años de prisión a Carmen Jiménez, tras hallarla culpable del brutal asesinato de su sobrino de ocho años, a quien sometió a actos sistemáticos de tortura y barbarie.
El crimen ocurrió el 13 de enero de 2024 en la comunidad de Verón, y el fallo fue emitido por la jueza Sagrario del Río, quien también impuso a la acusada el pago de cinco millones de pesos como indemnización a la familia del menor.
Durante el juicio, el tribunal escuchó las escalofriantes confesiones de la acusada, quien detalló cómo durante varios días del mes de diciembre del 2023 agredió al niño con distintos objetos, como machetes, cucharas metálicas, cables de teléfono, cuchillos de cocina, y hierros, provocándole un sufrimiento prolongado que terminó en su muerte por shock hemorrágico, hipovolémico y séptico.
El diagnóstico forense reveló que el cuerpo del niño presentaba 147 heridas de distintos tipos, además de la pérdida de seis piezas dentales y otras señales claras de abuso físico extremo.
Según declaró la propia Carmen Jiménez, el niño vivía con ella desde agosto de 2023, luego de que su padre, Santiago Colomé Jiménez, lo dejara bajo su cuidado a cambio de una compensación económica.
Desde entonces, el menor fue víctima de constantes castigos físicos y torturas, incluyendo la introducción de un objeto metálico por vía anal, justificado por la acusada como respuesta a que el menor no controlaba sus esfínteres.
A pesar de que inicialmente tanto Jiménez como su pareja sentimental, González Valentín Rojas, fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses tras ser imputados en la etapa preliminar del caso, el tribunal absolvió a Rojas por falta de pruebas que lo vincularan directamente con los hechos, ordenando su libertad inmediata.
El Ministerio Público sustentó su acusación en múltiples artículos del Código Penal Dominicano y de leyes especiales como la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley 631-16 sobre Armas y Materiales Relacionados, señalando la extrema violencia con la que se cometió el crimen y el grado de responsabilidad directa de Carmen Jiménez.
